«…el Concejal Novo, cuya opinión me preocupa por cuanto -si bien es formulada como un planteo político- implica el desconocimiento de un principio constitucional fundamental, que es el de la defensa en juicio y el respeto por el principio de inocencia, lo que resulta más llamativo aún por provenir de una persona que tiene una sólida formación jurídica…»
Enrique Magoia, secretario Concejo Deliberante
telediario24horas@yahoo.com.ar
Opinión del doctor Enrique Magoia:
Me llama la atención que de todo el espectro de opiniones que receptara la prensa sobre la aplicabilidad o no de la norma de la Carta Orgánica frente al pedido de elevación a juicio formulado por el Fiscal en el caso que involucra al Concejal Segre, se exprese como que existiera un equilibrio, cuando surge claramente que entre los letrados consultados, el único que pone en duda la cuestión de la permanencia de Segre es el Concejal Novo, cuya opinión me preocupa por cuanto -si bien es formulada como un planteo político- implica el desconocimiento de un principio constitucional fundamental, que es el de la defensa en juicio y el respeto por el principio de inocencia, lo que resulta más llamativo aún por provenir de una persona que tiene una sólida formación jurídica.
Lo que no refleja la nota sin dudas, y queda minimizado en el contexto de la nota, es que una abrumadora mayoría de profesionales del derecho, sostiene que el acto judicial de la requisitoria no resulta aplicable si no se han agotado todas las instancias recursivas para que quede firme y que una decisión de suspensión en esas condiciones sería apresurada y vulnerable.
En ese cauce, tampoco entiendo como periodísticamente se menoscabe un principio tan importante y que solamente ha sido reiteradamente vulnerado durante los gobiernos de facto, y que es necesario defender a ultranza, (estoy hablando de que nadie es culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra y esta quede firme), porque su desconocimiento puede llevar a situaciones de las cuales en los últimos tiempos hemos tenido claros ejemplos de que la justicia también se equivoca, generando consecuencias que perjudican a personas que difícilmente puedan ser subsanadas con posterioridad, sobre todo cuando esas situaciones toman un estado público que se reitera muchas veces. Podemos recordar un caso reciente, en que una persona permaneció encarcelado durante años acusado de un delito de homicidio del cual fue luego absuelto.
El resto del comentario que hace referencia a la obligación del Concejo Deliberante de adoptar una decisión política, debe ser mensurado en el contexto de que aún tratándose de una cuestión que tiene aristas políticas, el Cuerpo no puede ir más allá de lo que la Constitución y las Leyes le imponen, sobre todo en aras de satisfacer una inquietud que a mi modesto criterio tiene solo connotaciones periodísticas.
Le saludo con mi mayor respeto. E.Magoia