La postura de algunos pastores evangelistas y un grupo de sus seguidores ha sido la de apelar a los extremos para discutir el centro de la cuestión. La acusación más cruda y el más severo de los juicios se han convertido en consignas del ala dura del credo, con una postura que los concejales han calificado oportunamente como intolerante y minoritaria.
La postura de este sector del evangelismo en la ciudad recayó en descalificaciones que el parlamento debería dirimir en la audiencia de sesiones. Actuar a favor de las minorías sexuales es también un derecho de todos.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar) – La primera comparación de Río Cuarto con la ciudad bíblica Sodoma y Gomorra surgió del ex intendente Antonio Rins en plena polémica por la danza de presuntos amantes que recorrían el Palacio de Tribunales argumentando que no tuvieron amores infieles con Nora Dalmasso. «No lo somos», afirmó Rins ante la pregunta insistente de los periodistas -en su mayoría de medios nacionales- en la previa al acto donde el ex presidente Néstor Kirchner anunciaría una batería de promesas de obras que nunca llegarían.
La calificación volvió a repetirse pocas semanas atrás en las volantas que un grupo de jóvenes evangelistas repartieron en Plaza Roca, bajo la tutela del pastor evangelista Jorge Aluen. El escrito afirmaba que la legalización de uniones civiles homosexuales derivaría en la conversión de la ciudad al poblado destruido «a causa de la perversión de sus habitantes».
La postura de algunos pastores evangelistas y un grupo de sus seguidores ha sido la de apelar a los extremos para discutir el centro de la cuestión. La acusación más cruda y el más severo de los juicios se han convertido en consignas del ala dura del credo, con una postura que los concejales han calificado oportunamente como intolerante y minoritaria.
Los fieles que concurrieron en familia a la concentración frente al Concejo Deliberante aplaudieron la calificación despectiva de «pecadores y antinaturales» dirigida a los homosexuales, antes de definir las relaciones como «el mal que hay que corregir».
Se recayó, incluso, en la contradicción entre pastores y adherentes sobre la condición de «enfermos de los gays, que deben ser curados». El pastor Raúl Sassaroli argumentó que la Organización Mundial de la Salud y las escuelas de psiquiatrías rechazan esta concepción y lanzó sin titubeos que «no hay que terminar con el pecador sino con el pecado».
«Hemos tenido casos en nuestras Iglesias de homosexuales que han sido transformados», aseveró Alúen.
Los pastores expresaron que «la principal autoridad es la de Dios» ante los ediles que respetuosamente escucharon las voces del acto antes de recibir un escrito donde se intentaba justificar la posición extrema.
Los parlamentarios habían sido cuestionados «por cobardes» por algunos representantes de la protesta al señalar que «deben entender que hay un orden establecido que lo indica Dios y que habla de un varón y una mujer».
«Se dejaron presionar por un grupo de homosexuales en lugar de escuchar al Pueblo». El Pueblo -tal lo señalan- son «ellos» y la autoridad unívoca la lectura que realizan del «mandato de Dios».
Ante un centenar de personas con ojos cerrados y manos que se elevaban al cielo, los pastores expulsaron su última acusación: «La declinación de nuestros legisladores al tratar de legalizar los flagelos sociales como el juego, la prostitución, la venta de drogas y la inmoralidad sexual, es una derrota»
La discusión sobre el registro de uniones civiles nunca pareció cerrada. No se formuló entre gallos y medianoches cómo algunos debates impopulares que emergen de las urgencias del Ejecutivo, ni avanzó desde la lógica de una mayoría parlamentaria. Se aprobó por unanimidad después de meses de análisis interno que también se hicieron públicos a partir de la difusión periodística del tratamiento. Algunos ediles votaron la norma sin estar plenamente conformes con todos sus artículos, pero la respaldaron en general y aseguran que volverán a hacerlo.
Si hubo errores jurídicos en la interpretación de la norma no fueron saldados por una pobre fundamentación del Ejecutivo que debió ser rectificada. La parte que se quitó de la argumentación pareció la más próxima a la posición de los evangelistas que ayer reclamaron ante el Concejo Deliberante. El intendente Juan Jure había avalado el tratamiento de la ordenanza y paga el costo político y social de un cambio de postura que sería revocado en la próxima sesión del parlamento.
Sobre la legislación no hay una sola mirada entre tantas voces del debate. Los antecedentes revelan la aceptación en Capital Federal a la norma y los inconvenientes planteados en Río Negro y Carlos Paz donde aún no se reglamentó la aplicación de la Ley.
La aceptación estatal a reconocer las parejas homosexuales como tales y brindar las primeras opciones para la incorporación de beneficios sociales tiene múltiples lecturas religiosas y políticas. Los concejales decidieron optar por una normativa que avaló el derecho de una minoría como una responsabilidad del Estado. No avanzaron sobre la potestad de otros pese a los errores que pudieron haber cometido -sobre todo en las terminologías-, sino en defensa de la elección por una pertenencia.
La voluntad de ratificar la ordenanza que antes respaldaron por unanimidad otorgará coherencia y definirá un perfil argumental que, al menos en este tema, ha sido defendido por todas las bancas.
Las uniones civiles deberán confrontar con múltiples obstáculos en su aplicación. La admisión de otros ámbitos públicos y privados al momento de garantizar los derechos no está de ningún modo asegurada. Enfrentarán batallas éticas y legales ante cada pedido y se sabrá que el registro es un aval que debe ser corroborado en los hechos.
La postura de ala dura del evangelismo en la ciudad recayó en descalificaciones que el parlamento debería dirimir en la audiencia de sesiones. Actuar a favor de las minorías sexuales es también un derecho de todos.