Más allá del engendro que salga aprobado por ambas cámaras de legisladores, el objetivo de esta nota es mostrar sintéticamente alguno de los resultados económicos de aprobarse el anteproyecto del nuevo régimen provisional, Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
En el 2007 se introdujo la posibilidad de pasar del sistema mixto de capitalización individual al sistema de reparto público, a la vez que dejaron “abierta la puerta” para realizar ese cambio en el futuro. La mayoría de los cotizantes a las AFJP, los futuros jubilados, eligieron permanecer en el régimen creado en 1994. Un año después se quita la opción y todos deben de pasar al sistema de reparto público. Los fondos que serán expropiados a los cotizantes a las AFJP, el stock ahorrado y el flujo a ahorrase, “cierra la puerta” para generar un futuro nuevo sistema de capitalización, pues la posibilidad de expropiación queda disponible para el gobernante de turno. El stock expropiado esta vuelta es de alrededor del 10% del PIB, mucho menor a la expropiación que realizó Perón en 1951 a las 17 cajas de capitalización al colocarle un bono a 30 años con tasa de interés nominal del 2% anual, con lo cual se apropió fondos por alrededor de 40% del PIB, dado que el valor de ese bono fue cero ante el proceso inflacionario que se desató a partir de ese año.
Es cierto lo que sostiene el actual gobierno de que los sistemas de capitalización son poco frecuentes, pero no por ser inconvenientes, sino por el enorme costo que lleva implementarlos, pues durante la transición las arcas públicas tienen que solventar las jubilaciones ya otorgadas, mientras las personas activas ahorran en sus cuentas individuales. Como sociedad hemos pagados los costos que se generaron en la transición (el déficit) y no veremos ninguno de los beneficios al dar marcha atrás con el sistema. Las provincias ayudaron a solventar esa transición cediendo parte de los impuestos coparticipables (15% de la masa coparticipable bruta, alrededor de US$ 55.000 millones en 14 años), que además ahora la Nación los seguirá recibiendo. También es cierto que el sistema de capitalización era perfectible, existiendo la posibilidad de introducir cambios en el mismo a favor del cotizante, pero cambios marginales y no su destrucción como se hará ahora.
En segundo lugar, la desaparición de las administradoras de fondos (AFJP) sacará del mercado de capitales al inversor institucional más grande del mismo, el cual invertía prácticamente la totalidad de los fondos en el mercado local. Algo más del 50% del flujo de fondos anuales le prestaba al gobierno adquiriendo bonos públicos, que en algún momento fueron desagiados (default del 2002). El resto lo invertían en distintos instrumentos privados, los cuales generaban financiamiento (crédito) a sectores productores de bienes y servicios. Con la desaparición de las AFJP nos encontremos con menos producto (crédito) y a un precio mayor (tasa de interés real más alta), por lo cual tendremos un mercado de capitales más chico, al que le deberemos sumar el efecto de que la sociedad no ahorrará en instrumentos locales, por lo que quedarán menos instituciones que intermedien entre el ahorro de las familias y la inversión de las empresas. Un país con poco capital requiere de una remuneración (tasa de interés) mayor al mismo, por lo cual quedarán menos fondos para remunerar al trabajo (salarios) y a la tierra (renta). Por lo tanto, seremos un país más pobre por delante.
Por último, los impulsores de esta medida, el SIPA, prometen que la ANSeS podrá pagar las prestaciones a nuestra población, y aseguran que el traspaso al sistema de reparto es muy conveniente. Y ello no es así, más aún, es al revés. Actuarialmente el nuevo sistema no es sostenible, por lo tanto no es sustentable fiscalmente, razones demográficas y de imposición. Cuando todos formemos parte del SIPA tendremos que habrá 1,2 activos por cada pasivo, lo que impide cobrar impuestos al trabajo “razonables” para que los activos sostengan a los pasivos. Altos impuestos al trabajo aumentan la informalidad del mercado laboral. Por lo tanto, veremos nuevamente el empobrecimiento de la clase pasiva, tal como lo vimos durante la década de 1980, donde la mayoría de nuestros jubilados cobraba la jubilación mínima y la familia directa asumía un gasto para que sus padres pudiesen alcanzar a fin de mes. No se deje engañar, pues la financiación del nuevo sistema requerirá más recursos que provendrán de los actuales impuestos o los que se creen para tal fin en el futuro.
Mi reflexión final es que decidimos suicidarnos fiscalmente, y que las generaciones futuras no nos lo perdonarán. Nuevamente nuestros gobernantes actuaron como el caballo percherón que lleva anteojeras al tirar del carro, los cuales sólo pueden ver unos metros para adelante. Actuaron fiscalmente con irresponsabilidad, tal vez porque la cuenta a pagar no será de ellos, sino de los futuros gobiernos.
Por Lic. Abel VIGLIONE
Master en economía, Investigador senior FIEL. Consultor especializado