Las noticias nacionales más destacadas de la semana son la suba del riesgo-país, la baja de precios de los granos, la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria (pieza legal destinada a llenar de juicios la actividad tribunalicia), el enfriamiento de la economía nacional y el análisis de la propuesta para solucionar el default con los hold outs. Pero nada tan narrado como la crisis financiera internacional, que esta nota aborda. Aquí se agregan temas sobre lo escrito semanas atrás: el sistema financiero, la regulación de los intermediarios, las condiciones para el desarrollo de la burbuja inmobiliaria norteamericana y las posibilidades de salida de la crisis a nivel internacional. Retomando el último punto, el problema mayor es la existencia de una economía globalizada sin un gobierno mundial que oferte la política económica que supere las dificultades del presente. Se requiere por ello una intensa coordinación de políticas entre los bancos centrales y tesorerías de los países más importantes, para que el mundo perciba que hay un prestamista de última instancia, pero no es sencilla la implementación. Aparecen problemas como los siguientes:
¿Por qué hace falta la intervención del gobierno?
En las quiebras de empresas no financieras, en general, no intervienen los gobiernos. En estas quiebras los sistemas legales habilitan las posibilidades del arreglo entre los deudores y acreedores antes que opere el remate o desguace de la firma. En un extremo, el acreedor puede convertirse en accionista, concretando la reestructuración de los pasivos necesaria para dar viabilidad a la empresa. Esto es, cae abruptamente el cociente “deuda a patrimonio neto”, reduciéndose tanto el riesgo de insolvencia como de iliquidez a futuro, renaciendo la confianza, si es que media una trayectoria de buena capacidad empresarial.
Por otra parte, en la industria financiera existen fuertes efectos contagio. Si una empresa de este sector, con problemas de solvencia, anuncia a sus acreedores que debe reconvertir sus pasivos (los depositantes deben aceptar quitas a sus acreencias o la participación accionaria) debe previamente dar a conocer al ente de regulación sus problemas –si es que ya no los conoce- y recibir una autorización al respecto. En todo este interín, se difunde la información al mercado y los depositantes de otras instituciones –que pueden ser solventes- empiezan a desconfiar, difundiendo la crisis, haciendo a las entidades más ilíquidas y con elevadas probabilidades de realimentar negativamente la situación hasta llegar a la insolvencia. Lo que puede ser una situación puntual, el de la quiebra de empresas no financieras, tiene probabilidad alta de convertirse en sistémica en el sector financiero si los sucesos se dejan desenvolver. Esto, como es extremadamente dañino para el nivel de crédito de la economía –y desde allí impactar negativamente hacia toda la actividad productiva-, de por sí reclama una intervención regulatoria para autorizar la actividad y una solución “no de mercado”, interviniendo el estado o la autoridad monetaria cuando los problemas se tornan manifiestos. Además, la solución debe ser instrumentada de forma rápida, porque mientras más lenta la salida de la misma más daño se causa a los propietarios últimos, los depositantes y a la economía toda.
¿Por qué es un problema la intervención del gobierno?
Si bien el gobierno debe actuar en estas eventualidades, las cuestiones de “riesgo moral” que implica la intervención no son despreciables para nada. En resumidas cuentas, tal riesgo significa esto: si a una organización financiera –y a sus depositantes-, que han cometido serios errores en la asignación de créditos (a la vivienda, en la presente crisis) al evaluar como solventes a quienes al final demostraron que no lo eran, se les salva la vida, ¿qué garantía se tiene que a futuro no se tome esta acción gubernamental como un dato y por lo tanto no vuelva la institución a reincidir en su comportamiento en el futuro?. Como no se trata de un caso, sino de una situación muy generalizada, los daños hacia la credibilidad futura del sistema financiero privado, en orden a sus bondades para la correcta asignación del capital escaso que tienen las naciones pueden ser demoledores. Muchos de quienes critican la intervención del gobierno en esta área, dan una elevada ponderación el problema del riesgo moral comentado.
Existen otras varias dificultades, entre ellas, acerca de si la solución a implementar, ¿es caso por caso o en forma sistémica?, ¿es nacional o internacional o regional comunitaria? . En próximas notas se volverá sobre estas cuestiones.
Lic Santiago Gastaldi