Los 21 días de paro del sector agropecuario, es la noticia más destacada en el último mes. La medida ha sido levantada por el sector, mostrando la reflexión y generosidad que ha escaseado del lado de las autoridades nacionales. Las retenciones móviles, la suba de sus valores y el virtual establecimiento de precios máximos, en un contexto de inflación alta, es lo que ha dado motivo a tan extensa y generalizada protesta. El gobierno nacional debió prometer un conjunto de compensaciones, sobre todo a los pequeños y medianos productores, como devolución parcial del aumento de la imposición del 11 de marzo del corriente, a los fines de distender el conflicto.
Un problema que tienen las autoridades es que el campo no cree en la eficacia del mecanismo, y le asiste la razón, en vista de lo que viene sucediendo con las compensaciones en vigencia. Ha prometido también abrir la mesa de diálogo para fijar lineamientos para el desenvolvimiento del sector en el mediano y largo plazo. Salvo los funcionarios nacionales, la opinión dominante en la sociedad es que debió haber surgido antes de la aparición y no después de las medidas, sobre todo cuando se está en proceso de recolección de la cosecha. Si así hubiese sido, la medida de fuerza no habría tenido fundamento en su concreción.
El aumento de las retenciones, según el gobierno, es para redistribuir ingresos desde los sectores gananciosos con los aumentos inesperados de los precios internacionales de los artículos que produce el campo, y a favor de los consumidores. Sin embargo, además de ponerse en seria duda que ese sea el objetivo final –se piensa mayoritariamente que sólo tiene un fin fiscal, tal mecanismo redistributivo, en general, las sociedades modernas no lo adoptan, porque es muy superior usar el impuesto a las ganancias.
Además, hay consecuencias negativas, para nada despreciables. Una de éstas es el desincentivo que deja para la producción y las inversiones de este sector, porque se ha afectado fuertemente su rentabilidad y la previsibilidad de la misma.
También se ven afectadas las finanzas provinciales. Las retenciones no son coparticipadas, son de entera disposición del gobierno nacional, y las decisiones que en este terreno adopte afecta a las posibilidades de las provincias en su potestad impositiva. Lo óptimo sería que de la mesa del diálogo el gobierno hiciera un retorno al 10 de marzo, pero si no lo hace es el tiempo para que los gobiernos provinciales reclamen por los recursos fiscales sacrificados. Para los miembros del Congreso de la Nación, parece también que es el tiempo de recuperar las atribuciones que por la Constitución Nacional tienen conferida esa institución y que actualmente están cedidas al gobierno nacional. Esto es fundamental, entre otras cosas, para que se de viabilidad al régimen federal instituido.
Santiago Gastaldi, Fundación EGE