El Gobierno pone en marcha una serie de medidas tendientes a solucionar uno de los principales problemas del mercado laboral: la informalidad.
Uno de los problemas de larga data que tiene el mercado laboral argentino es el alto porcentaje de empleo informal. Desde hace bastante tiempo a la fecha éste problema se fue acrecentando y pasó a ser uno de los puntos prioritarios a solucionar desde el Gobierno.
El problema no es menor, porque no se trata solamente de recursos que dejan de ingresar a las arcas públicas, sino que la dificultad mayor se da en el ámbito de la inserción social del trabajador informal, quien se encuentra sin coberturas sociales y aportes jubilatorios, encontrándose en una situación en donde no puede defender los derechos que tiene asegurados a partir de la Constitución.
Con el objetivo cambiar esta tendencia se desarrollaron diferentes programas, tales como aquel que daba facilidades para la registración del servicio doméstico, con resultados interesantes.
Otras de las iniciativas tendientes a bajar el porcentaje de empleo informal es la simplificación del sistema de registración, reemplazando a las múltiples registraciones que en la actualidad son necesarias a la hora de dar el alta a un trabajador (AFIP, ANSES, ART)
La operatoria es muy simple e implica que desde una página de internet de la AFIP, el empleador puede cargar los datos en un formulario que se vinculará automáticamente con el resto de los organismos que los necesiten.
Es claro que para llegar a este resultado no son necesarios solamente aspectos estrictamente técnicos, sino que se debe generar una coordinación muy estrecha entre los diferentes organismos públicos.
Además de esta simplificación de la registración, se han intensificado los procedimientos de control y detección de irregularidades en la registración de trabajadores. Históricamente se han utilizado mecanismos de castigos económicos ante violaciones de normativas, pero para que esta penalidad tenga un verdadero efecto de disuasión de la evasión, el sistema de control de cumplimiento de la normativa debe ser efectivo. Precisamente, en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, las multas que se aplicaron desde el 2005 alcanzan los 23,5 millones de pesos.
F. Marco Targhetta
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31/07/06