Enviaron al Congreso el proyecto para frenar remates hipotecarios. Beneficia a los que hayan dejado de pagar a partir del 1º de enero de 2001 y hasta el 11 de setiembre de 2003. Es para préstamos menores a $ 100.000. Habrá un año de gracia.Quienes tomaron créditos hipotecarios de hasta $ 100.000 para comprar ó refaccionar una vivienda única y entraron en mora entre el primero de enero del 2001 y el 11 de setiembre del 2003, podrán ingresar al salvataje para los deudores que están en situación de ser rematados. El Gobierno anunció ayer que se envió el proyecto de ley al Congreso.
Podrán incorporarse a este sistema los deudores bancarios y los privados (los que tomaron plata en escribanías, por ejemplo), sin importar si tienen o no sentencia judicial, y sin que sea necesario que se hayan inscripto en el Registro de Ejecuciones Hipotecarias que abrió el Banco Nación.
Todos ellos gozarán de un año de gracia «prorrogable», tras el cual deberán pagarle las cuotas al Estado en lugar de abonarlas al banco o al privado que les haya prestado. Esto está condicionado a que el Congreso apruebe el proyecto que el Ejecutivo presentó ayer en el Senado. Tras reunirse con el presidente Néstor Kirchner, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó en la Casa Rosada los alcances del proyecto escoltado por el jefe del bloque del PJ en Diputados, José María Díaz Bancalari y por su par en el Senado, Miguel Angel Pichetto.
«El proyecto tiene la vocación de amparar la mayor cantidad de casos y pretende que el acreedor pueda hacerse de su crédito y el deudor pueda pagar su propiedad», remarcó Fernández.
En los fundamentos del proyecto se destaca que «el 95% de los casos responde a deudas inferiores a $ 100.000». Se refiere a los que se inscribieron en el registro de morosos del Nación.
El Gobierno creó ese registro para tener una idea sobre cuántas personas estaban en situación de ser rematadas, y se anotaron 13.200 personas que sumaron deudas por $ 550 millones.
Pero no todos podrían incorporarse al salvataje, dado que muchos entraron en mora antes de enero del 2001. Fernández anunció que el Gobierno tiene previsto destinar «poco más de 600 millones de pesos» para que esa cartera de morosos pase de los bancos y los acreedores privados a manos del Estado.
Para esto, el Gobierno creará un Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, que se montará sobre el fideicomiso para la Reconstrucción de las Empresas, que ya existe.
El nuevo fideicomiso le pagará a los bancos y a los privados las cuotas de capital que el deudor no pagó desde que entró en mora, pero no reconocerá intereses, punitorios ni otros gastos. Y, probablemente, les pagará con títulos públicos.