Diputados aprobó la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. El proyecto pasa ahora al Senado. Antes, la Cámara baja le había dado status constitucional a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.La Cámara de Diputados dio media sanción ayer a la ley por la que se declaran «insanablemente nulas» las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una decisión que había sido acompañada por una multitudinaria manifestación convocada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
La votación fue a mano alzada, por lo que no se contaron los votos a favor o en contra, pero con un resultado claramente a favor. Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda. Entre estos últimos, el único que lo rechazó fue el representante del bloque de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
También votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha, con el diputado de Fuerza Republicana Ricardo Bussi a la cabeza, acompañado por ucedeístas, cavallistas, partidos provinciales y seguidores de Ricardo López Murphy.
El segundo bloque en importancia numérica, el del radicalismo, decidió abstenerse. La misma actitud adoptaron los diputados menemistas.
Solana Lopez, representante de HIJOS y militante de izquierda unida en Riio Cuarto, manifestó su conformidad por lo sucedido y dijo que » Nos han mentido, primero nos dijeron que era una guerra y resulta que se trataba del exterminio atroz de una generación que se jugaba por sus sueños; luego la teoría de los dos demonios con el paquete completo de las leyes de la impunidad, donde las víctimas quedaron subsumidas en el olvido obligado y los victimarios nuevamente se regocijaron sobre sus muertos. Ahora que es la oportunidad de dar ese salto impostergable a la memoria, la verdad y la justicia, aparecen los de siempre queriéndose proteger entre ellos, por las dudas no quede alguno en el camino».
Los diputados «como fruto de un inusitado consenso previo entre los distintos bloques» acompañaron la declaración de nulidad de las leyes del perdón con la aprobación del rango constitucional para la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ratificada por el presidente Néstor Kirchner un día antes.
También se dio media sanción a un proyecto que traduce esa vigencia de la Convención internacional en el derecho argentino, que declara que los delitos y hechos allí tipificados «no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal».
Estos dos últimos proyectos sí contaron con el apoyo prácticamente unánime de la Cámara.
Aunque la sesión especial de ayer había sido convocada a pedido de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para debatir su propio proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y también de los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 y 1990, se terminó votando un proyecto de nulidad único y de consenso, en el que los indultos no están incluidos.
Para expresar ese consenso, el proyecto lleva las firmas de los jefes de los bloques que lo impulsaron: José María Díaz Bancalari, del PJ; Elisa Carrió, del ARI; Patricia Walsh; Jorge Rivas, del socialismo; Darío Alessandro y Rodolfo Rodil, del Frente Grande; Daniel Carbonetto y Francisco Gutiérrez, de las dos variantes del Polo Social; Alicia Castro, del Frente para el Cambio, y Lucrecia Monteagudo, del Partido Intransigente.