Pablo Bertea, subsecretario de Promoción Social
La iniciativa, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, propondrá expropiar las tierras y avanzar en acuerdos para que los habitantes puedan convertirse en propietarios.
Luego de un trabajo realizado en conjunto entre el Gobierno nacional, movimientos barriales y distintas ONG’s se arribó a un proyecto de ley para la “integración urbana y regularización de los barrios populares”, que tiene como objetivo urbanizar las más de 4.000 villas que hay en el país y donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
La iniciativa que será enviada al Congreso propone que se declare la “utilidad pública” de los terrenos en los que se encuentran los asentamientos, y se expropien los inmuebles que componen el Registro Nacional de Barrios Populares -creado por decreto del Ejecutivo el año pasado-, para poder avanzar en acuerdos con los habitantes a fin de que se conviertan en propietarios.
Además, el proyecto encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, dispone la creación de un fideicomiso y se suspende los desalojos por dos años.
Ignacio Rico, vocero del relevamiento nacional de barrios populares, afirmó que “este relevamiento fue el puntapié para que esta ley se ponga en marcha. Fue un trabajo de hormiga y un paso importantísimo; pero la situación de precariedad y marginalidad de quienes viven en los barrios populares no puede admitir más dilaciones”.
“Los pobladores y las pobladoras de los barrios, movimientos populares y organizaciones sociales vamos a impulsar una solución estructural real y una política pública que logre revertir esta situación”, agregó Rico.