«No he cometido ningún delito contra la obra social, ni he participado en ningún fraude» Lo expresó José Luis Oberto, secretario general de AGEC, tras ser imputado por defraudación por administración fraudulenta debido a supuestas maniobras irregulares, en el marco de la causa de la financiera Cordubensis (CBI). Oberto fue implicado junto al directorio del Sindicato de Empleados de Comercio y el secretario general, Armando Cavalieri.
«Soy director nacional y firmo cheques para todo el país. Lo hago con más de 12000 cheques al mes para prestadores de todo el país y de todas las localidades. Por eso en esta investigación imputan a los cinco directores que firmamos», enfatizó.
La causa
El pasado sábado, el diario La Voz del Interior anticipó la decisión del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien el miércoles pasado realizó un allanamiento a la sede central de Osecac, en Moreno 648, Capital Federal.
Efectivos de Prefectura Naval coparon el edificio en busca de pruebas que relacionaran a Cavalieri y a miembros de la mesa directiva de la entidad también imputados con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en Mendoza, San Juan y San Luis.
Según se investiga, esos valores habrían sido monetizados en Córdoba por el contador del empresario Euclides Bugliotti, Javier Guevara Amado, en la mesa de dinero que funcionaba en CBI. A su vez, esos cheques terminaron depositados en las cuentas fantasma de Halabo SA y Jotemi SA en la sucursal del Banco Nación ubicada frente a plaza San Martín de la capital provincial.
La información proporcionada por fuentes judiciales señala que, además de Cavalieri, están imputados Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo. Ninguno fue detenido.
A estos dirigentes de Osecac se les atribuye el delito en calidad de autores, mientras que a Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez se les asigna el rol de partícipes necesarios.
Según la descripción de los hechos formulada por el fiscal federal Enrique Senestrari, el grupo de directivos de Osecac ideó una maniobra para defraudar a la entidad. Estos contaron con la asistencia de empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud –entre ellos, Fundapresa– y funcionar como intermediarios en el sistema de salud. En principio, la obra social habría pagado a supuestos prestadores por prácticas que no se habrían brindado. El segundo grupo de imputados habría actuado como intermediarios entre esas entidades y Osecac.
Los directivos, según la acusación, libraron cheques “no a la orden” o “no negociable” de las cuentas corrientes de Osecac en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación para “pagar un lucro indebido”.
Si bien se sostiene que el importe de la presunta defraudación no está especificado, se indica más adelante que entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 esa suma superó los 53 millones de pesos.
Esos cheques –siempre según la promoción de acción penal– habrían sido entregados a Cricco, quien no los habría usado para abonar prestaciones, sino para un destino incierto.
Los mismos valores aparecieron en CBI, financiera que, al sufrir la debacle de febrero de 2014, dejó al descubierto que esos cheques no habían sido depositados en cuentas corrientes de prestadores ni de intermediarios.