Los testimonios en Telediario de tres padres que padecieron la dolorosa experiencia de ver sufrir a sus hijos por bullyng revelaron el crecimiento de una problemática cada vez más compleja y vigente.
La ley 10151 promulgada por la Unicameral rige para todas las escuelas de la Provincia y promueve incorporar «a los diseños curriculares de los niveles primario y secundario del Sistema Educativo Provincial, en los espacios “Identidad y Convivencia” y “Ciudadanía y Participación”, la enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares, práctica conocida como “Bullying”».
En su artículo 2 establece que «en el marco del “Programa Provincial de Convivencia Escolar” del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la confección de un cuadernillo específico sobre la problemática expuesta en el artículo 1º de esta Ley».
Además, incorpora al “Programa Provincial de Convivencia Escolar” «una base de datos referida a las situaciones de alumnos que resultaren víctimas de acoso u hostigamiento entre pares que permita elaborar estadísticas, analizar casuísticas y diagramar estrategias tendientes a diagnosticar, prevenir y disuadir esta problemática».
A nivel nacional, la Cámara de Diputados de la Nación transformó en ley en 2013 el proyecto sobre «bullying» destinado a prevenir la violencia en las escuelas, a través de la «promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”.
La iniciativa, de la diputada del Frente Para la Victoria, Mara Brawer, «busca prevenir las situaciones de violencia escolar a través de la promoción de instancias de participación de la comunidad educativa», sostuvo la legisladora.
Esta ley «no se enfoca en el individuo como víctima o victimario, sino que pone el acento en el contexto en que se dan las interacciones», explicó la diputada.
“Cuando se generan situaciones de violencia en una escuela, los conflictos no son únicamente de un alumno -al que se lo suele catalogar como el “chico-problema”-, ni responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa”, aseguró la diputada.
La norma responde a los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación porque «impulsa el fortalecimiento de las instituciones educativas, docentes y equipos especializados para su intervención ante situaciones de violencia».
La diputada oficialista agregó que la propuesta «también orienta las sanciones a partir de su sentido pedagógico y formativo, e insta a que las escuelas elaboren sus propios acuerdos de convivencia, lo que permite a los alumnos la apropiación de las normas».
Este proyecto, aprobado por el Senado en diciembre del 2011, se modificó para que no se condene con las mismas penas el intento de abuso y el abuso sexual concretado, tal como lo estipulaba la Cámara alta.
Acoso escolar
Exactamente, el 51,1% de los estudiantes admitieron, al momento de ser preguntados para este estudio, que el mes anterior habían sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes por parte de sus compañeros, según un estudio de especialistas chilenos y españoles.
El documento se basa en un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrollado entre 2005 y 2009, en las que fueron analizadas 2.969 escuelas, 3.903 aulas y más de 91.000 estudiantes de sexto grado de 16 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay.
La conclusión es que la agresión más frecuente es el robo (39,4 %), seguida de la violencia verbal (26,6 %) y la violencia física (16,5 %).
El acoso escolar que sufren los niños latinoamericanos es también muy alto en otras regiones, pero no es tan elevado ni en Europa, ni Asia ni África, donde el porcentaje oscila entre el 30 y el 40 %.