Una niña de 9 años espera por un implante coclear. Es alumna del CADA y tiene fecha para la operación, aunque la obra social no cumple con el pago de la prestación. Recurrieron a la Justicia
Una niña riocuartense de 9 años espera por un implante coclear que le permita mejorar la audición y sus padres denuncian que la obra social PROFE no cumple con la prestación.
Rosario Murua es alumna del CADA y padece «Ipoacusia neourosensorial bilateral». La niña tiene fecha para la operación. aunque la obra social no abonó el implante y la demora impide que se realice la cirugía.
«Mi hija está primera en la lista. El implante está pero Profe no paga. Ella ya debería estar operada y hemos gestionado en todos los ámbitos para buscar una solución. Hasta hablamos con el gobernador -José Manuel- De la Sota cuando llegó a inaugurar el nuevo edificio del CADA», enfatizó Claudio Barrionuevo, el papa.
Ante la falta de respuestas del PROFE, los padres iniciaron un planteo en el Juzgado Federal «que nunca encontró solución».
«Rosario tiene un implante, pero escucha poco y para oír mejor necesita otro implante. Como tiene una pensión tiene la obra social del PROFE», explicó.
Qué es un implante coclear
Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar. Se puede utilizar para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas.
El implante coclear no es lo mismo que un audífono. Éste se implanta por medio de una cirugía y funciona de una manera diferente. Permite a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Sin embargo, es importante entender que estos dispositivos no restablecen la audición normal. Son herramientas que permiten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro.
Antecedente
Camaristas de Río Cuarto dictaron una medida cautelar luego de que recibieron un presupuesto según el cual el aparato necesario para la operación cuesta 25.900 dólares.
Al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la madre de una niña que padece de “hipoacusia neurosensorial bilateral profunda”, la Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativa de 2º Nominación de Río Cuarto ordenó al Gobierno de la Provincia que, en el lapso de cinco días, ponga “a disposición los fondos pertinentes para posibilitar el comienzo de los trámites de importación de la aparatología” necesaria para concretar un implante coclear.
Los vocales Daniel Gaspar Mola y Horacio Taddei tuvieron en cuenta el nuevo presupuesto presentado por la demandante para poder comprar el aparato necesario, “cuyo costo asciende a 25.900 dólares”, de manera de poder realizar “el tratamiento indicado” por el médico que trata a la menor.
Los camaristas consideraron que, en las actuales circunstancias, se encontraban cumplidos los requisitos exigidos para la procedencia de una medida como lo solicitada, en el marco de una acción de amparo. En primer lugar, la verosimilitud del derecho invocado, teniendo en cuenta “la situación de discapacidad de la menor involucrada, en virtud de la patología que la afecta, como asimismo que el tratamiento cuya cobertura se persigue sería “la única alternativa para que la niña alcance los niveles del habla y comunicación adecuados”.
En segundo lugar, los vocales también ponderaron el peligro que el no admitir esta tutela podría significar para “la salud y para la integridad física” de la niña, derechos que se encuentran garantizados por la “Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás instrumentos internacionales a los que se les ha otorgado jerarquía constitucional”.
En la misma dirección, los camaristas argumentaron: “de no hacerse lugar a la cautelar que se solicita se correría el riesgo de que la menor no pueda ser intervenida en la nueva fecha para la cual la cirugía ha sido reprogramada (esto es, el 25 de agosto próximo)”.
Asimismo, para destacar la importancia de brindar una respuesta jurisdiccional urgente, los vocales aclararon que el presupuesto presentado para la adquisición del aparato requerido tiene “vigencia de hasta el 12 de junio” y que la cirugía fue reprogramada “teniendo en cuenta la demora de los trámites de importación, lo cual posibilitaría contar con la aparatología necesaria”.
En la resolución, en la que los camaristas tuvieron también en consideración que el Gobierno no contestó hasta el momento el informe exigido por la Ley de Amparo, el tribunal concedió la medida cautelar, para lo cual la demandante deberá ofrecer, en fianza, a tres letrados de la matrícula.