El bloque del Frente Cívico, y el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, presentaron un proyecto ante la Unicameral reclamando al gobernador la renuncia de Suárez.
El jefe de la Policía, Julio César Suárez, fuertemente cuestionado por sus mensajes intimidatorios, finalmente fue imputado por coacción tras una denuncia del periodista de los SRT Dante Leguizamón por amenazas.
Suárez fue ratificado en su cargo por el gobernador José Manuel de la Sota, aunque se suman voces de la oposición que piden que sea separado del cargo.
El bloque del Frente Cívico, y el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, presentaron un proyecto ante la Unicameral reclamando al gobernador la renuncia de Suárez.
El legislador Luis Juez reiteró el pedido de renuncia y afirmó que Suárez “no puede estar 5 minutos más al frente de la institución”.
”No necesitamos que el delito quede configurado y que Suárez quede condenado; el hecho ya alcanza para decir que esta no es la característica del jefe de Policía que Córdoba necesita”, dijo Juez.
En declaraciones publicadas por el diario La Mañana de Córdoba, el presidente de la UCR a nivel provincial, Jorge Font, consideró “inaceptable” que Suárez permanezca en su puesto.
“Ante la gravedad del hecho (por las amenazas) y teniendo en cuenta que representa a la fuerza represiva del Estado, el gobernador debería apartarlo de sus funciones”, señaló el radical.
Manchar el uniforme
Suárez había manifestado que si un efectivo resulta “imputado” por la justicia o “manchara su uniforme” debía abandonar la fuerza. Lo que obligaría a una decisión del jefe policial si pretende ser coherente con su postura pública.
Suárez también quedó en el medio de la polémica cuando le produjo «un llamado poco feliz” al fiscal Pablo Molina, quien resolvió imputar y dictar la prisión preventiva contra dos oficiales por presunto “gatillo fácil”.
«Debe ser un civil»
El doctor Alberto Bertea, ex secretario de Seguridad de la Provincia, cuestionó la política de seguridad provincial en medio de las denuncias, imputaciones y acusaciones contra efectivos y jefes de la fuerza.
«Siempre estuve en contra de que el comisario Alejo Paredes fuera ministro de Seguridad. Su presencia colaboró para que la fuerza sufriera grandes bajas éticas y morales. Quien debe conducir la Policía debe ser un civil porque en el problema de la persecución del delito se incluye también lo educativo, lo social y lo laboral», opinó el ex funcionario delasotista.
Bertea sostuvo que «la Policía viene sufriendo un descreíto y considerábamos que este nuevo Jefe las iba a revertir, pero esto no sucedió y debe intervenir el Tribunal de Conducta Policial»
«Es posible que le pidan una licencia ó que se aparte de la función para que la investigación sea transparente. Pero, depende de una decisión política», expresó.
Secuencia
La situación de la Policía de Córdoba emerge muy conflictiva a partir de una larga secuencia de acusaciones y sospechas que alcanzan a numerosos efectivos, algunos de ellos, con altos cargos.
En Río Cuarto, el juicio a Gustavo Baranoski, el agente que ultimó de un balazo a su compañera Olga Meckler, reveló también una trama de imágenes con prostitución infantil e irregularidades en la comisaría de Elena que la Justicia ordenó investigar. Sin embargo, el agente sospechado, Exequiel Pedraza, fue ascendido por la fuerza.
El juicio también apuntó al modo en el que actuaron los efectivos policiales durante la atención de Meckler y el proceso pericial.
En agosto de este año, un comisario de la departamental General San Martín de la Policía de Córdoba fue separado del cargo por pedir una coima a un camionero en la ciudad de Villa María.
Fue también la policía de Córdoba la primera en autoacuartelarse en todo el país durante diciembre de 2013. El fiscal de instrucción Raúl Garzón ya imputó a 62 agentes por el hecho. Se les indilga los supuestos delitos de omisión de deberes de funcionario público y apropiación indebida de fondos públicos.
Corrupción
El comisario general retirado Ramón Frías fue imputado del supuesto delito de «abuso de autoridad», en el marco de una causa que investiga la sobrefacturación de respuestos para móviles de la fuerza.
La medida fue dispuesta por el fiscal Anticorrupción, Gustavo Hildalgo, luego de una investigación surgida tras una denuncia en el Tribunal de Conducta Policial.
Narcoescándalo
Seis exmiembros de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía deberán enfrentar el primer juicio por el denominado “narcoescándalo”.
El excomisario mayor Rafael Sosa (47), los excomisarios Gustavo González (43) y Alfredo Saine (42), y los exoficiales Mario Osorio (34), Fabián Peralta Dattoli (37) y Franco Argüello (32), además del informante provocador de la fuerza Juan “el Francés” Viarnes (55), están acusados de los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “privación ilegitima de la libertad” y “abuso de autoridad”, entre otros.
El fiscal Enrique Senestrari consideró que las pruebas son contundentes sobre el accionar de la presunta banda de “narcopolicías”, relacionada con negocios con el mundo narco y la realización de operativos “truchos” a fin de cometer delitos en su beneficio.
La mayor responsabilidad penal se la endilga al exhombre fuerte de Drogas, el excomisario mayor Sosa, a quien se lo sindica como jefe de la supuesta organización delictiva.