«Lo advertimos»

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Arguello cuestionó al Ejecutivo por la situación de Gamsur, que aparece entre las 1.200 empresas que realizaban facturas truchas, según un informe de la AFIP.

GAMSUR

La AFIP detectó alrededor de 10.000 facturas apócrifas emitidas por más de 1.200 empresas de todo el país. El «uso de este tipo de facturas falsas nace en el sector privado y termina en el sector privado», dijo Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, en una conferencia de prensa.
En el listado de las 1.200 empresas investigadas aparece la mixta Gamsur, con mayoría de acciones en poder de la Municipalidad de Río Cuarto, e inmersa en un proceso de desmantelamiento con una millonaria deuda fiscal.
El tribuno de cuentas, Aroldo Arguello, dijo que «no sorprende esta actitud de Gamsur SEM porque es una prueba más del desorden administrativo de la empresa»
«Van tres balances sin presentar y no hay auditorias. Hay un responsable de esto que es el Concejo Deliberante, que no exige una rendición de cuentas. Estamos preocupados por la mora ante la AFIP y las deudas con otros proveedores», resaltó.
Arguello dijo que «hay aprender de todo esto y ver que hacemos para el futuro: Cotreco ya recibió 100 millones de pesos en cheques y no hay presupuesto que resista».
«Se lo advertimos al intendente que Cotreco recibía un contrato de Gamsur y la situación de la mixta puede impactar», enfatizó.

«Una mecánica»

El titular de la AFIP consideró que el uso de este tipo de facturas apócrifas «parece ser una mecánica» de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres “serán publicados en la página de la AFIP” como “un salto en la transparencia” en la información.
«Es un tema pergeñado por el sistema privado para no pagar impuestos. Se podría escribir muchísimo sobre facturas truchas, como es el caso de El Tehuelche, de un diputado nacional. También está Aeropuertos 2000, pero no por eso se puede instalar una situación irregular. Está Cablevisión, el Banco Santa Cruz. Está YPF, cuando era sociedad anónima. Son muchas», señaló Echegaray.
El funcionario formuló estas declaraciones luego de que el diario La Nación publicara ayer un artículo en el que señalaba que el empresario patagónico, Lázaro Báez, era investigado por la utilización de facturas apócrifas.
El funcionario dio a conocer un extenso listado de empresas que usan facturas truchas y aseveró que, para cierto sector de la prensa, «parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez”.
La AFIP detectó hasta el momento alrededor de 10.000 facturas apócrifas y que el «uso de este tipo de facturas falsas nace en el sector privado y termina en el sector privado»
“Pero quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad o falta de conocimiento técnico, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia de Lázaro Baez“, subrayó el funcionario.
Echegaray aseguró que las empresas del grupo Baéz “están bajo fiscalización” por la utilización de esas facturas, y negó que se hayan cambiado a los funcionarios que investigaron a esas firmas.  “Los mismos que la iniciaron, terminaron la investigación”, dijo Echegaray.
En la conferencia de prensa, el titular de la AFIP señaló que la utilización de esas facturas no necesariamente significa una violación de las normas, porque “se dan casos en los que un empleado infiel puede utilizar facturas de otro”.
Más allá de los casos puntuales, Echegaray anunció que desde la AFIP tomaron la decisión “de dar un salto de transparencia y calidad institucional” y publicar en la página web del organismo www.afip.gov.ar “cuáles son las usinas de facturas y cuáles las empresas que utilizan esas facturas apócrifas».
Estimó que en esa publicación “habrá alrededor de 10.000 facturas apócrifas” y que “en una primera etapa se informará de unas 1.200 que las utilizaron”.
Estas empresas que utilizaron facturas apócrifas son aquellas que están por fuera del secreto fiscal ya que sus causas han sido elevadas a la justicia.
No obstante señaló que “una cosa es estar en esa base de datos, y otra suspenderlos en la utilización del CUIT”, que es el primer grado de sanción, porque es el Poder Judicial el que debe determinar si el accionar de esas empresas fue deliberado para sacar provecho.
En ese marco, Echegaray reclamó a la justicia mayor diligencia en la causa que la AFIP presentó contra el banco HSBC por el uso de facturas apócrifas, entre otros casos.

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