Mientras que la ciudad de Córdoba se consolida como urbe turística orientada al consumo, sus sectores populares son excluidos del tejido urbano de manera forzada. Desborde policial y restricciones en su circulación.
Por Gerónimo Mariño
Desde los últimos 15 años, la capital de Córdoba viene experimentando profundas transformaciones en términos urbanísticos. Según Eugenia Boito –investigadora del CONICET y docente de la UNC-, este rediseño de la ciudad responde a la configuración de una “Córdoba turística”, orientada al consumo y la actividad comercial.
Dentro de este nuevo entramado urbano, el sector privado juega un rol preponderante. A partir de la Ley de Reforma del Estado –sancionada por de la Sota en el año 2000-, el mercado inmobiliario participa activamente en la reestructuración y normatización de los espacios de la ciudad. Así, tanto el Gobierno como el Municipio local, articulan con desarrollistas urbanos y grandes empresas al momento de reordenar el mapa cartográfico de Córdoba.
Las obras realizadas por los festejos del Bicentenario -el Parque de Las Tejas, el Puente de los Niños, el Faro, el Paseo de los Aros, la nueva Terminal de Ómnibus, el Puente Letizia, el nuevo Centro Cívico, etcétera- forman parte de este fuerte proceso de reurbanización que se evidencia en la ciudad. Dicho proceso apela básicamente a “embellecer” el centro cordobés y “poner en valor” sus barrios aledaños como Nueva Córdoba, San Vicente y General Paz.
A pesar de esta aparente “modernización” urbana, la investigación de Boito -“Urbanismo estratégico y separación clasista”- revela que la renovación arquitectónica de la ciudad trae aparejada una serie de consecuencias ocultas. Entre ellas, la investigadora hace referencia a la expulsión forzosa de asentamientos marginales hacia las afueras del tejido urbano -para la edificación de estos espacios “modernos”- y a la consecuente consolidación de “entornos socio-segregados por clase”.
Las consecuencias del reordenamiento urbano
Las políticas públicas implementadas en materia de ordenamiento urbano durante estos años, constatan el diseño de una ciudad fragmentada y excluyente. A costa del “embellecimiento estratégico” de la zona céntrica, los sectores subalternos son desplazados hacia terrenos periféricos, ubicados más allá del espacio periurbano -los denominados “barrios-ciudad”; en la actualidad hay alrededor de 15 en Córdoba-. Esto último repercute negativamente en sus concepciones de entorno social y en sus dinámicas de circulación y permanencia dentro de la ciudad.
“El ordenamiento de la ciudad basado en un modelo de espacios limpios, bellos y seguros, principalmente destinados a la actividad comercial y al consumo, responde a la instalación del perfil turístico como tendencia principal. En este diseño, los sectores subalternos deben ser apartados, ocultos y vigilados. Sus posibilidades de circulación son restringidas y limitadas de diversas maneras (…) a través de políticas habitacionales, de diseño urbano y regulaciones sobre el uso del suelo” (Boito).
Para ser más claros, los sectores de bajos recursos no son “bien vistos” en los lugares turísticos, céntricos o de esparci¬miento de la ciudad. Su desplazamiento queda reducido a los propios barrios y a circuitos específicos como el Parque Sarmiento durante los fines de semana.
Así, la disposición de los espacios -y el consiguiente control de la circulación- se revela como la gran estrategia política para mantener el “orden social” dentro de la urbe. A través de una refuncionalización a nivel urbanístico, el Estado provincial busca preservar la seguridad -y la belleza- del centro cordobés y sus alrededores.
El rol de las fuerzas policiales en el nuevo escenario urbano
En la capital cordobesa, las maneras de transitar no solamente son reguladas por la disposición arquitectónica de los espacios, sino también por la extremada vigilancia policial. Las políticas de seguridad puestas en marcha habilitan y legitiman a la Policía para realizar detenciones arbitrarias, casi institucionalizando la “portación de rostro”.
“Los `derechos de admisión´ de los locales se extienden a las calles, veredas y espacios verdes donde la Policía es la encargada de regular las presencias y ausencias. Los sectores subalternos, especialmente los jóvenes y en particular los varones que circulan en moto, son el objeto dilecto de la persecución policial y las detenciones arbitrarias amparadas por el Código de Faltas”, afirma Boito en su investigación.
El mencionado Código de Faltas opera como la materialización de lineamientos de seguridad que regulan la circulación de los sectores populares, otorgando a la policía “facultades para actuar como jueces de primera instancia ante supuestos hechos delictivos”. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba en 2013, la mayor parte de los detenidos son jóvenes varones de clases marginales.
“Embellecimiento estratégico”
Las políticas urbanas y de seguridad puestas en funcionamiento en Córdoba durante la última década, dan cuenta de una serie de intervenciones que transmutaron la fisonomía material y social de la ciudad. En la actualidad, la capital mediterránea se encuentra particionada en centro y periferia conformando entornos “enclasados” separados por fronteras materiales y simbólicas.
Los procesos de exclusión y socio-segregación quedan evidenciados en esta idea de la “Córdoba turística”, en donde “lo bello” es intensificado y visibilizado mientras que lo marginal, separado y ocultado ante los ojos de los visitantes/clientes. Por otro lado, la reestructuración y distribución de los espacios -sumado a la agobiante presencia policial- inciden en la movilidad de los sectores populares, al mismo tiempo que regulan sus formas de socialización y maneras de experienciar la ciudad.
“El orden microsocial vigente se erige como una suerte de contrato implícito que regula los espacios y las interacciones de los sujetos en función de coordenadas clasistas y de socio-segregación. Así, la forma en que se presentan los cuerpos (…) fun¬ciona de acuerdo a convenciones que determinan quiénes pueden ocupar ciertos espacios y de qué forma”.
En tal sentido, los dispositivos de segregación adquieren formatos cada vez más sutiles. El límite o la separación de unos por sobre otros no sólo opera de forma material -a través de la fuerza policial-, o través de la exclusión explícita por parte de los otros sujetos. En su lugar, entran en juego mecanismos de auto-expulsión, en donde la incomodidad y el sentirse ajeno en la propia ciudad son factores predominantes.