Silencio e impunidad

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Podrían cesantear al guardiacárcel que habría denunciado la venta de drogas en el penal de Río Cuarto. Lo castigan por hablar con los medios, mientras la Justicia no logró ningún avance en la causa.

CARCEL

En el reino del revés, se impone el silencio carcelario. El Servicio Penitenciario separó de sus funciones al guardiacárcel que habría denunciado el comercio de estupefacientes en el penal local, con la comnplicidad de trabajadores del histórico edificio.
Hugo Luna, abogado del afectado, confirmó que su defendido “fue separado de sus funciones por dar de conocer a los medios de prensa la situación”.
El letrado explicó que desde el penal “se invocó que no tenía autorización para hablar”.
De todos modos, afirmó que lo más grave es que no se está investigando la venta de droga y señaló que con esta decisión “están amedrentando al personal” que intente denunciar.
Por la acusación del guardiacárcel, intervienen la Justicia provincial y Federal. Sin embargo, las causas no tienen imputados y algunos sospechosos han sido derivados a otrás cárceles de la provincia, en una maniobra que afectó las investigaciones.

Renuncia

El legislador Provincial del Frente Cívico, Roberto Birri pidió la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario Juan María Bouvier «por las irregularidades que se producen en las cárceles, casos como las condiciones de detenciones, la comercialización de drogas, el consumo de drogas»
Para Birri, «hay una cadena de complicidades entre familiares, internos y fundamentalmente también de servicio de penitenciarios»

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Foto: El jefe del Servicio Penitenciario

La denuncia

Las manifestaciones del trabajador de la cárcel local al periodista Guillermo Geremía ratificaron con exhaustivos detalles las sospechas sobre el ingreso y distribución de narcóticos en los pabellones del viejo edificio.
Sus declaraciones fueron incorporadas a una causa que ya se desarrollaba en la fiscalía del doctor Javier Di Santo. La investigación llevaba varios meses y son numerosos los testimonios solicitados por la unidad judicial.
El objetivo del fiscal es determinar el negocio del «narcomenudeo» entre los guardiacárceles y reclusos, y el modo en que ingresa la droga a la institución.
Las afirmaciones periodísticas del agente carcelario sumaron datos a la causa, aunque todavía no surgieron imputaciones.
En los últimos tiempos fue advertido el ingreso de droga a través de las visitas de los presos, aunque la Justicia debe precisar «los otros modos» en que los estupefacientes llegan a los reclusos a partir de la presunta complicidad de quienes deben garantizar la seguridad.
En la Justicia Federal también se abrió una causa para advertir una «asociación ilícita» entre guardiacárceles y presos, pero la instrucción aparece estancada.
A pesar de las revelaciones del agente en la entrevista realizada por el programa Así son las Cosas -cuya identidad se preservó por razones obvias-, lo único que avanza a paso acelerado es una investigación sumaria interna del Servicio Penitenciario que parece condicionar a otras personas que podrían romper el cerco de silencio sobre un negocio ilegal y que generaría cuantiosos recursos para quienes lo practican.

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