Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se autoconvocaron en la Plaza de la Intendencia para exigir el cese de la represión y la persecución policial en la provincia de Córdoba.
Por Gerónimo Mariño
“A mi hijo lo acribilló la policía el 28 de febrero de 2013 cuando iba en un taxi junto a otro de mis hijos, que terminó preso por ese hecho. Luego, se comprobó que eran inocentes y que ninguno de los dos tenía antecedentes. Si bien la policía les implantó armas, no hubo pruebas de que hayan tirado ni un solo disparo. El patrullero no tenía marcas de perforaciones ni orificios de bala (…) Los policías están imputados pero todavía no están presos. Estoy esperando que la justicia haga algo para que esta gente salga de las calles y siga matando un montón de chicos de un tiro en la nuca. Ayer, casualmente, a mi hijo más chico lo paró un policía cuando iba a jugar a la pelota. `Así que vos sos de los famosos Nadal´, le dijo y le dio dos trompadas en el tabique. Después lo arrinconó y lo amenazó diciéndole que si iba a la comisaría a hacer la denuncia lo iba a agarrar con una escopeta, lo iba a meter en un cuarto y lo iba a matar (…) Esos son los métodos que usa la policía de Córdoba. Quieren tener sometidos a nuestros jóvenes, no los dejan vivir. Cuando a mi hijo lo pararon, lo pusieron contra la pared, le golpearon los tobillos y le hicieron abrir las gambas de un lado a otro. Siempre están amenazando y acosando a mis hijos. Espero que se haga justicia por mi otro hijo que murió. Tenía 16 años y no se merecía una muerte así. Era un chico con muchas posibilidades”.
Impotente y con la voz resquebrajada. Así se expresó Sergio Nadal, padre de Nicolás Nadal, el joven de 16 años fusilado por la policía de Córdoba el año pasado. Durante la inauguración de la primera Carpa Antirrepresiva Provincial (CAP), relatos como éste se hicieron eco a través de un micrófono abierto instalado en la Plaza de la Intendencia. Junto a Sergio, participaron otros familiares de víctimas del “gatillo fácil” y jóvenes de barrios populares detenidos por “merodeo” y “portación de rostro”. También se hicieron presentes en el lugar trabajadores independientes asediados y amenazados por la institución policial, y militantes procesados por participar en marchas y asentamientos, entre otros actores sociales.
Con el mismo semblante de dolor, Lorena Barrasa hizo públicos los vejámenes que vivió su hermano Ezequiel, al ser cruelmente fustigado por las fuerzas policiales. “El 24 de marzo de este año, mi hermano fue baleado por un policía de civil con cuatro tiros por la espalda y dos de frente. Aparte de eso, fue linchado, atado y golpeado. Mi hermano pedía un vaso de agua y le pegaban patadas en la cara (…) Tuve que salir a buscarlo porque había desaparecido y lo encontré en el Hospital de Urgencias como NN. Había entrado inconciente y a las siete horas me avisaron que había fallecido (…) La causa está parada. El fiscal Caballero no la quiere hacer avanzar. Los testigos que teníamos fueron amenazados por la policía judicial que fue casa por casa. Muchos se echaron atrás y somos perseguidos (…) Hace quince días atrás, también fueron detenidos cuarenta chicos y entre ellos estaba mi hijo. Lo había mandado a retirar unas empanadas y cuando se enteraron que era Barrasa lo subieron al patrullero. Salí a buscarlo porque no volvía más y el día domingo recién lo encontré en La Tercera. Ahí vi la cantidad de madres que habían estado buscando a sus hijos todo este tiempo”.
Por su parte, Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, hizo referencia a los asesinatos de Miguel Ángel Torres y su sobrino, Lautaro Torres, de 16 años. Mientras que a Miguel “le plantaron un arma y lo fusilaron de un tiro en el abdomen y otro en el tórax”, a Lautaro “lo mató una mujer policía de cuatro tiros en la espalda cuando salió a comprar una tarjeta de teléfono”. Fernández también mencionó el caso de Iván Rivadeiro, un joven detenido que apareció “suicidado” en el penal de San Martín. “Aunque apareció ahorcado en su celda, tenía cuatro puntazos en el pecho y signos de golpizas y torturas por todo su cuerpo”. Dentro de la cárcel, Iván formaba parte del grupo literario Tumbando Rejas tras descubrir su vocación de poeta.
Dentro de este complejo entramado represivo, Rocío Sánchez -del grupo de autoconvocados en Malvinas Argentinas- relató que muchos de sus compañeros de militancia fueron detenidos y procesados. Recordemos que hace más de un año, dicho colectivo social viene acampando en las inmediaciones del terreno donde la multinacional Monsanto pretende edificar su planta seleccionadora de maíz transgénico. “Por impedir el ingreso de camiones, la policía nos ha tirado con balas de goma y gases lacrimógenos. También se hicieron presentes el ETER y la patota de la UOCRA (…) En este año
y medio de lucha, muchos compañeros han sido `judicializados´”.
En tanto, Gabriela Rueda -representante del grupo de artesanos ubicado en la calle Caseros-, denunció persecución e intimidación policial en plena vía pública. “Somos 200 productores de artesanías y tenemos 23 mesas en ese espacio. Hace dos años que infantería y la policía urbana nos vienen asediando. Mediante procedimientos violentos, nos dicen que no podemos trabajar ahí y nos insultan verbalmente. Nos quieren marginar y hacernos sentir como delincuentes e ilegales. No vamos a claudicar nuestro derecho a trabajar (…) Consideramos que tenemos respeto y la dignidad del trabajo”.
Por otro lado, delegados del CISPREN -el sindicato de los trabajadores de prensa de Córdoba-, advirtieron un recrudecimiento del aparato represivo policial y el afianzamiento de una política de estado provincial “de alto contenido clasista y discriminatorio”. Así también, se hizo alusión a las amenazas recibidas por el periodista Dante Leguizamón por parte del Jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez. Dicho gremio repudió el accionar policial, al mismo tiempo que revindicó “el libre acceso a la información y el libre derecho a informar”.
Reclamos y cronograma de actividades
Las agrupaciones y organismos de derechos humanos adherentes a esta iniciativa -tales como la Coordinadora Anticarcelaria, la Fundación Brújula Barrial y el Movimiento Popular Patria Grande- exigen la renuncia inmediata del jefe de la policía de Córdoba, cuyas políticas de “mano dura” no garantizan seguridad alguna en la provincia. Reclaman por la derogación del Código de Faltas -el cual estigmatiza y criminaliza a jóvenes y trabajadores de los sectores populares- y también denuncian la complicidad por parte de jueces y fiscales, los cuales encubren a policías imputados y demoran la libertad de las víctimas.
La CAP continuará en la Plaza de la Intendencia hasta el último fin de semana de agosto. Allí podrán acercarse vecinos de los distintos barrios de la ciudad para hacer públicas situaciones de abuso policial y detenciones arbitrarias. Las jornadas incluirán charlas-debate, talleres de formación, muestras fotográficas, proyecciones, intervenciones artísticas y una radio abierta (para más información, consultar en: https://www.facebook.com/carpaantirrepresivaprovincial).
FOTOS: Indymedia Cordoba y El Ojo Parlante